Justificar las faltas en el colegio: quién lo decide y dónde está escrito

Aviso, justificante familiar y parte médico

Tres cosas distintas se mezclan a diario en la puerta del colegio. El aviso es el mensaje breve de la mañana que informa de que hoy falta el niño. El justificante de la familia es la declaración escrita de quien ejerce la patria potestad o la tutela explicando por qué la falta estaba justificada; para una enfermedad corta basta en la mayoría de los centros. El parte o informe médico es un documento clínico y solo entra en juego cuando el reglamento del centro lo exige. Cuál hace falta y cuándo no lo decide el Estado: la LOE atribuye a cada centro sus normas de organización, funcionamiento y convivencia (art. 124), y cada comunidad autónoma publica sus propias instrucciones de control de asistencia. Quien tenga dudas encontrará la respuesta antes en el reglamento de su centro que en cualquier guía general.

Cuándo se exige el parte antes de tiempo

No hay una cifra que funcione como límite máximo, y tampoco como mínimo. Un centro puede pedir justificación desde el primer día si así lo tiene escrito, y es habitual en cuatro situaciones: días con prueba de evaluación, salidas y actividades complementarias, faltas sueltas que se repiten de forma llamativa, y casos en los que ya se ha abierto un seguimiento de absentismo. También ocurre lo contrario: hay centros que aceptan el justificante familiar durante toda una semana de gripe. Ambas cosas son posibles porque la decisión está en el reglamento del centro, dentro del marco de su comunidad autónoma, y no en un número general. Lo que sí es común a todos: la exigencia tiene que estar publicada en las normas del centro y aplicarse igual para todo el alumnado.

Qué puede hacer el centro con un parte médico

Un parte médico indica el periodo, no el diagnóstico, y el centro tampoco puede exigir más: los datos de salud son categoría especial en el artículo 9 del RGPD y el principio de minimización del artículo 5 obliga a quedarse con lo imprescindible. La disposición adicional vigesimotercera de la LOE limita la recogida a lo necesario para la función educativa y de orientación, e impone el deber de sigilo al profesorado y al personal que accede a esos datos. Además, todo centro docente está obligado a designar una delegada o un delegado de protección de datos (art. 34.1.b de la LOPDGDD); en los centros públicos suele designarlo la administración educativa de la comunidad autónoma. La AEPD publica criterios específicos para centros educativos, y ahí encaja un procedimiento digital: si el justificante está en un sistema cerrado en lugar de en un chat o en una bandeja abierta, el acceso queda registrado, ligado a roles y se puede borrar de forma ordenada al vencer el plazo de conservación.